Cinco presuntos terroristas atentados 11 Sept., a audiencia en Guantanamo.
WASHINGTON, AFP.- Cinco presuntos terroristas, acusados de haber organizado los atentados del 11 de septiembre de 2001, y desaparecidos durante años en cárceles secretas de la CIA, reaparecerán por primera vez en público este jueves para un audiencia ante un juez militar en Guantánamo.
Cerca de siete años después de los hechos, el proceso sigue siendo incierto. Khaled Cheikh Mohammed, considerado el “cerebro” de los atentados, Ramzi ben al-Shaiba, Ali Abd al-Aziz Ali, Wallid ben Attash y Mustafá al-Hawsawi, detenidos entre 2002 y 2003 y trasladados en 2006 a la base naval estadounidense en Cuba, corren el riesgo de ser condenados a muerte.
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Base Naval de Guantánamo (Cuba), (EFE).- El presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohamed, rechazó hoy a sus abogados y pidió representarse él mismo ante un tribunal militar antiterrorista de Estados Unidos.
“No aceptaré ningún abogado. Me representaré yo mismo”, dijo Mohamed en su primera comparecencia ante el juez en la base de Guantánamo.
El juez Ralph Kohlmann, un coronel de los Marines, le respondió- “ésa es una de las opciones que usted tiene”.
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Acusados por un tribunal militar de excepción, serán presentados ante el juez Ralph Kohlmann, un coronel de Marines, que deberá exponerles los cargos: complot, asesinato, atentado, daños corporales graves, destrucción de propiedad, terrorismo y apoyo material y actos terroristas.
Pero el proceso se ha visto controvertido por la polémica que rodea la detención secreta de los cinco hombres y por el hecho de que la CIA reconoció haber sometido a uno de ellos, a Khaled Cheikh Mohammed, a simulación de ahogamiento, una técnica de interrogatorio considerada por muchos como una forma de tortura.
“La defensa alegará que las pruebas del gobierno son dudosas. Si hubo torturas, serán inadmisibles. ¿Cómo va a definir el juez qué es tortura y qué coerción?”, se pregunta Geoffrey Corn, profesor de derecho y asesor jurídico de los abogados de la defensa.
Durante una audiencia a puertas cerradas en marzo de 2007, de la que el Pentágono publicó una transcripción parcial, Khaled Cheikh Mohammed denunció torturas, y reivindicó toda la responsabilidad del 11 de septiembre -cuando murieron 3.000 personas en Estados Unidos- y de otros treinta atentados o planes de atentados.
Ramzi ben al-Shaiba se negó a participar del procedimiento, Wallid ben Attash y Mustafá al-Hawsawi reconocieron lo esencial de las acusaciones, pero Ali Abd al-Aziz Ali negó cualquier vínculo con el terrorismo.
Para otro experto, la acusación es sólida. “Hay pruebas concluyentes”, estima David Rivkin, antiguo asesor de los ex presidentes Ronald Reagan y George Bush. “Todos reconocieron lo que hicieron tras haber sido interrogados por equipos” del FBI sin uso excesivo de la fuerza, precisó a la AFP.
La audiencia tendrá lugar el jueves en una sala nueva, diseñada para que el juez impida al público escuchar los debates si se mencionan elementos confidenciales.
El número de lugares para el público es limitado, pero el Pentágono previó acoger a unos sesenta periodistas, así como a observadores de la sociedad civil. La audiencia será retransmitida por video a una sala vecina, y se levantó una especie de centro de tiendas militares para alojar a los visitantes.
Los cinco acusados tendrán una primera posibilidad de declararse culpables o no culpables. Es posible que algunos de ellos anuncien que no esperan participar en el proceso, un boicot al que hizo referencia estas últimas semanas la mitad de los otros doce detenidos inculpados en Guantánamo.
Los tribunales militares de excepción son particularmente cuestionados. Establecidos por el presidente George W. Bush a fines de 2001, invalidados por la Corte Suprema en 2006 y restablecidos por el Congreso, permiten el empleo de testimonios indirectos u obtenidos por la fuerza.
Mientras que los potenciales sucesores de Bush se comprometieron a cerrar el centro de detención de Guantánamo, aún no comenzaron los primeros procesos, anunciados para el verano último, y una decisión de la Corte Suprema sobre los derechos de los detenidos se espera para antes de fines de junio.
